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Euskadi Nacional Mar 06, 2018

El MIR puede esperar


La propuesta de instaurar un MIR educativo anunciada por el Ministro de Educación el pasado mes de enero ha desatado una fuerte polémica en el   ámbito educativo. Desde ANPE hemos criticado siempre los anuncios de reformas basadas en simples proclamas, sin estar avalados por unas propuestas estructuradas que puedan ser discutidas y negociadas en los foros legítimos de representación, porque en ese caso sólo contribuyen a distorsionar y desvirtuar el debate y generan el efecto contrario a su verdadera finalidad. Son muchos los ejemplos que hemos tenido en la última década de anuncios de reformas que despiertan grandes expectativas y luego se quedan en el limbo: los sucesivos intentos de pacto educativo, el estatuto del profesorado, el libro blanco de la función docente, Las diferentes propuestas de MIR educativo planteadas por el PP, el PSOE y Ciudadanos, por grupos de expertos… Al final tras mucho ruido mediático todo sigue igual.

Conviene pues, clarificar, para para no contribuir más a la ceremonia de la confusión. De entrada, el término MIR habría que adaptarlo a la nomenclatura docente. Porque existen grandes diferencias con el sector sanitario. Lo importante es que definamos cual es el objetivo que se pretende con ello. Y para ANPE siempre ha estado muy claro: se trata de definir cómo va a ser la futura formación inicial de los docentes, su preparación específica y los requisitos para la habilitación para el acceso a la docencia. Pero para ello es necesario abordar en su conjunto la situación del profesorado y su futuro profesional mediante un nuevo diseño de la profesión docente, en un doble aspecto: regular una ley de la profesión docente y un Estatuto del Profesorado, que definan como atraer a los mejores profesores a las aulas, como formarlos y como regular una carrera profesional que haga atractiva y motivadora el desempeño de su función. Por tanto, hablaremos de la habilitación para la docencia, que esa es la finalidad del llamado MIR, pero no de modo parcial, sino que hay que incardinarlo en el acceso, el ingreso y en el diseño de una carrera profesional.

Otra cuestión básica es que todo se haga desde el respeto a las situaciones jurídicas individualizadas y hay que decir alto y claro que el nuevo modelo de habilitación docente que pudiera diseñarse nunca va a afectar a los actuales profesores del sistema educativos sean funcionarios o interinos. Sería, si llegara a buen término esta propuesta, una opción de futuro que en ningún caso afectaría a los derechos profesionales de los están dentro del sistema educativo. Nada tiene ello que ver con la precariedad laboral y otras descalificaciones que se están oyendo lanzadas por parte de quienes, parapetados bajo el paraguas de un rancio pseudoprogresismo, son los mayores inmovilistas, porque nunca quieren que haya cambios para mejorar nuestro sistema educativo.

Además, no hay que olvidar que cualquier regulación sobre una nueva habilitación para el ejercicio de la docencia no sólo no afectaría a los actuales profesores interinos, sino que no entraría en vigor, como mínimo, hasta pasado cinco años debido a que el Gobierno acaba de aprobar el Real Decreto de Modificación del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes y están reguladas las convocatorias para dicho periodo

La idea de un sistema similar en algunos aspectos al MIR sanitario pretende buscar un equilibrio entre experiencia docente y formación académica, y reforzar el proceso de selección previa y el periodo de prácticas remuneradas de los aspirantes, con una duración uniforme para todo el territorio nacional y podría ser un buen sistema de futuro si consiguiésemos prolongarlo con una verdadera carrera profesional. Porque necesitamos diseñar un buen modelo de acceso, justo y motivador a la vez, pero entroncado siempre en el conjunto de las demás reformas antes apuntadas.

La educación tiene ahora pendiente una gran reforma que precisa de un pacto de estado para salir de la situación en la que nos encontramos, tras la quiebra de la LOMCE. Dicho pacto ha de servir de base para elaborar un proyecto de Ley Básica de Educación, que sustituya la legislación vigente y que nazca con vocación de estabilidad para adaptar la educación a los nuevos retos y exigencias de una sociedad en continuo cambio y trasformación. Y es en esa nueva reforma dónde hay que incardinar la situación del profesorado y su desarrollo profesional porque no olvidemos que éste es el principal factor de calidad. Pero los cambios han de abordarse en profundidad, con seriedad y rigor y sin alentar debates mediáticos virtuales que sólo contribuyen a generar incertidumbre y frustración. Mientras ello no se haga así, el MIR puede esperar.

 


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